Puesto que gobernar incluye priorizar, el PP regional tendrá resolver tres importantes dilemas que tiene por delante. El primero es elegir entre trasvase o sellado, porque no parece factible lograr ambas cosas a la vez. La historia del trasvase es suficientemente conocida para que sea necesario detallarla. En breve, el Gobierno español, llevado de su fanatismo ecologista, está dando pasos para clausurarlo. Por otra parte, ha ofrecido sellar los estériles tóxicos de Portmán. Una buena oportunidad de retirarlos se malogró hacia 1998, año en el que me reincorporé a región para sacar adelante la Universidad Politécnica de Cartagena. En aquel tiempo el Puerto de Cartagena, bajo la autoridad de Adrián Ángel Viudes, había elaborado un proyecto para usarlos en la ampliación de la dársena de Escombreras. Aquel proyecto tenía la ventaja de que reducía considerablemente el coste que tendría retirar los residuos sin darles ningún uso. De hecho, el Gobierno español lo aprobó, declarándolo aceptable también desde el punto de vista ecológico. Es más, los responsables de las finanzas de la Unión Europea mostraron su disposición a conceder los oportunos fondos comunitarios. Sin embargo, los responsables de la faceta ambiental, apoyados por el eurodiputado de Izquierda Unida, el fallecido psiquiatra Marset, impusieron tales requisitos que lo neutralizaron. Desde entonces el dragado de los estériles quedó en vía muerta porque requería un montante económico y un riesgo ambiental inasumible para cualquier Gobierno. Y la prueba es que ningún Gobierno español, fuese socialista o popular, lo acometió. Lo más probable es que nunca llegue a realizarse, de modo que oponerse al sellado puede aportar cierto rendimiento electoral transitorio, pero dificulta la mucho más importante negociación sobre el trasvase. Y eso sin contar con que los estériles seguirán contaminando mientras no se sellen. Así que lo mejor que podrían hacer los dirigentes del PP murciano es llegar a un acuerdo rápido para llevar a cabo el sellado ofrecido por el Gobierno español y, en paralelo, exigirle el mantenimiento del trasvase, en lo que contarían con la complicidad del gobierno valenciano.
Los líderes del PP no deberían bloquear que Camps presente su candidatura en el congreso regional valenciano"
Y eso nos lleva al segundo dilema, que no es otro que apoyar al presidente valenciano Mazón o al candidato Camps. Por un lado, Mazón ha gestionado mal la catástrofe acuática. Ni el día de la inundación ni posteriormente actuó adecuadamente y quizás debería haber dimitido. Puede que haya motivos de oportunidad para mantenerlo transitoriamente en el cargo, pero la oposición no cejará en denunciarlo y es muy probable que tenga éxito en el empeño. De poco valdría argumentar que el Gobierno español se inhibió por completo, puede incluso que maliciosamente. Lo cierto es que ganar ese relato es casi imposible. Por otra parte, nada impide que se rehabilite políticamente al expresidente valenciano Camps. Ese dirigente ganó por mayoría absoluta las elecciones regionales durante tres décadas y ha salido absuelto de las nueve denuncias que los jueces tramitaron. En consecuencia, los líderes del PP no deberían bloquear que presente su candidatura en el congreso regional valenciano que, según los estatutos, ya deberían haber convocado. Y no me vale el argumento de convendría evitar la división. Obturar la concurrencia de las distintas corrientes inevitablemente presentes en todo partido amplio es un signo inequívoco de deterioro de la democracia interna, base de la externa. La unanimidad siempre es forzada y constituye un síntoma claro de que las voces discrepantes han sido acalladas. Es probable que tenga más futuro el PP valenciano con Camps que con Mazón. Así que muevan el culo, convoquen el congreso y dejen que los militantes opinen sobre la candidatura de Camps y de sus competidores internos. Eso sería lo democrático y lo políticamente honesto. Cualquier otra cosa sería tratar a Camps igual que los que lo denunciaron.
El Gobierno regional no debería imitar la deriva antidemocrática que ha emprendido el Gobierno español"
Finalmente, el tercer dilema del PP es presentar o no presentar los Presupuestos en la Asamblea Regional. Aun a riesgo de que los diputados no los aprobasen, la obligación democrática del Gobierno es someterlos a su escrutinio. El Gobierno regional no debería imitar la deriva antidemocrática que ha emprendido el Gobierno español, cuyo presidente llegó a declarar que estaba dispuesto a gobernar sin el Congreso. La Constitución Española establece taxativamente que el Gobierno español deberá presentar cada año los presupuestos nacionales y, en contra de lo que ha dicho el presidente Sánchez, eso no es interpretable. Incumplir los mandatos constitucionales, como vienen haciendo los Gobiernos regionales catalanes, sean separatistas o socialistas, conduce a una degradación de la democracia española. Y allí donde gobierne el PP debe evitar hacerse cómplice de tamaño desmán. Así que, llegue o no a un acuerdo con Vox, es imperativo, en términos democráticos, que el presidente regional Miras presente de una vez los dichosos Presupuestos. La gente tiene que visualizar que los populares no se comportan como los sanchistas, ni como sus aliados de extrema izquierda plurinacional, sino que respetan los criterios democráticos. Y solo si Vox optase por rechazarlo tendría sentido prorrogarlos.
