CASTELLÓ. Este mes de mayo se ha conmemorado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un hito porque supone reconocer la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. 

-¿En qué se ha avanzado en esa conquista de derechos?

-Lo más relevante es que por fin se visibiliza que la discapacidad no es sólo una cuestión asistencial, sino una cuestión de derechos humanos. Eso marca un cambio de enfoque fundamental: comenzamos a ver a las personas con discapacidad como personas titulares de derechos, con voz propia y pleno derecho a participar activamente en todos los ámbitos de la sociedad. Desde mi experiencia como trabajadora social en COCEMFE Castellón, considero que en los últimos años se han producido avances importantes, especialmente en el ámbito legislativo. Las normativas, tanto a nivel estatal como autonómico, se están alineando con los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Conceptos como la accesibilidad universal, el diseño inclusivo, el derecho a vivir de forma independiente o el acceso a los apoyos necesarios para la toma de decisiones están empezando a integrarse de forma más coherente en las políticas públicas. Y hay más conciencia social. 

-Por el contrario, ¿cuáles son los retos pendientes?

-Todavía existe un desfase evidente entre lo que está reconocido en la legislación y lo que realmente se garantiza en la práctica. Lo veo en mi entorno laboral. Aún encontramos edificios públicos que carecen de ascensor o cuya accesibilidad es muy limitada, lo que restringe la autonomía y participación de muchas personas. También persisten barreras en la comunicación: la ausencia de intérpretes de lengua de signos, la escasez de documentos en lectura fácil o la falta de medios tecnológicos adaptados dificultan el acceso a la información y a servicios esenciales, generando situaciones de desigualdad. Desde COCEMFE Castellón detectamos además una falta de apoyos personalizados que respondan a las necesidades reales de cada persona. Es común encontrarnos con personas que desean iniciar un proyecto de vida independiente, acceder al empleo o participar en su comunidad, pero no disponen de los recursos, servicios o apoyos necesarios para hacerlo posible.

Es urgente seguir impulsando políticas públicas, recursos específicos y cambios culturales que garanticen una inclusión efectiva y sostenible. Para mí, el gran reto está en aterrizar los derechos: hacerlos accesibles, reales y efectivos. Eso implica no solo eliminar barreras o adaptar entornos, sino también transformar la mirada hacia la discapacidad. 

-Hablar de derechos de las personas con discapacidad implica… 

-Reconocer que todas las personas deben tener acceso en igualdad de condiciones a todos los ámbitos de la sociedad: deben tener las mismas oportunidades para formarse, trabajar, decidir sobre su propia vida, cuidar de su salud, participar en la comunidad, disfrutar del ocio y la cultura, y acceder a la información, la tecnología y los espacios públicos y/o privados.

-Dependencia-discapacidad. ¿Son realidades que van unidas? ¿En qué difieren? 

-Esta es una confusión bastante habitual. A menudo se tiende a pensar que discapacidad y dependencia son lo mismo, pero no siempre van de la mano. Son realidades que pueden coincidir en algunas personas, pero también pueden darse de forma totalmente independiente. Desde mi trabajo diario, atiendo a muchas personas con discapacidad que llevan una vida totalmente autónoma y no necesitan apoyos para su día a día. Y, al contrario, también hay personas en situación de dependencia que no tienen reconocida una discapacidad. Creo que es importante mirar estas dos realidades desde una perspectiva amplia y respetuosa. Sin clasificarlas y entendiendo que cada persona tiene una situación única y que lo fundamental es que pueda acceder a los apoyos que necesite para vivir con autonomía y dignidad. 

-¿En qué ha cambiado la percepción de la discapacidad en los últimos años?

-Se ha reforzado el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujeto activo; se habla más de apoyos personalizados, de participación real, de vida independiente, la persona tiene cada vez más presencia, más voz, mayor accesibilidad a la información, reivindica lo que le corresponde y, sobre todo, toman decisiones sobre su propia vida. Eso no significa que el camino esté completado. Aún persisten muchas barreras, especialmente sociales y actitudinales. Pero también se siente una transformación en marcha. El verdadero cambio empieza por reconocer los derechos de todas las personas, sin condiciones ni excepciones.

-La ley de dependencia es una de las grandes conquistas en lo que a derechos de personas con discapacidad se refiere. 

-Desde mi experiencia profesional, esta ley marcó un antes y un después, porque dejó claro que el acceso a apoyos no es algo opcional ni condicionado, sino un derecho. Y eso, para quienes trabajamos en el ámbito social, cambia totalmente la forma de acompañar: ya no se trata sólo de ayudar, sino de asegurar que cada persona pueda tomar decisiones, vivir con dignidad y tener los apoyos necesarios para desarrollar su propio proyecto de vida.

-La reforma de la ley de dependencia anunciada por el gobierno busca consolidar los derechos existentes, ampliar la cobertura y adaptar el sistema a los desafíos del siglo XXI. ¿Cómo valoras este enfoque?

-Desde el trabajo social que desarrollamos en COCEMFE, como entidad que trabaja por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que se quiera avanzar hacia un modelo más centrado en la persona, más flexible y conectado con la vida en la comunidad, nos parece imprescindible. Creo que dejar atrás los modelos más institucionalizados y apostar por apoyos que permitan a las personas seguir en sus casas, en su entorno, con los recursos necesarios, va en la línea de lo que defendemos cada día. No se trata únicamente de cuidar, sino de acompañar, de respetar decisiones y de facilitar que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto de vida. Pero para que este cambio sea real, no basta con que esté en una ley. Hace falta inversión, formación, voluntad política y coordinación entre administraciones. 

-¿A cuántas personas atiende vuestro colectivo, y qué programas lleva a cabo en la provincia para garantizar los derechos de las personas con discapacidad?

-Actualmente, en COCEMFE Castellón acompañamos a más de 1.700 personas a través de distintos programas para garantizar el ejercicio real de los derechos de las personas con discapacidad. Contamos con un servicio de transporte adaptado puerta a puerta y con el programa de bicicletas adaptadas, que permiten mejorar la autonomía, la participación social y la calidad de vida. Realizamos formación como centro acreditado por Labora. En el área de empleabilidad, trabajamos con programas de orientación e integración laboral, intermediación con empresas, prospección y formación profesional, y en el área de salud y atención personal, contamos con atención psicológica individual y familiar, y con nuestro centro de rehabilitación. También tenemos un Centro de Atención Temprana en Burriana, que acompaña a niños y niñas con alteraciones del desarrollo y a sus familias. 

Desde el área de trabajo social y punto de información, ofrecemos orientación y acompañamiento sobre ayudas, vivienda, accesibilidad, ocio, transporte, recursos comunitarios y otros apoyos. También promovemos el ocio inclusivo y la participación comunitaria a través de diferentes actividades: deporte adaptado, talleres grupales, fiestas, y espacios como el huerto urbano accesible de San Lorenzo, que es además un proyecto de colaboración social.

Y algo que considero fundamental es el trabajo de sensibilización. Participamos activamente en jornadas, charlas, centros educativos, ferias y medios de comunicación. Para nosotras, no sólo se trata de prestar servicios, sino también de contribuir a transformar la mirada social sobre la discapacidad.