El lunes 28 era festivo en la ciudad de València, y esto nos permitió librarnos de las peores consecuencias del histórico apagón eléctrico que afectó al conjunto de la Península Ibérica. Salvo aquellos que volvieran ese día de puente (que probablemente eran muchos), la mayor parte de la gente no tuvo que experimentar los problemas derivados del parón abrupto del transporte público, o bien mientras estaban en su lugar de trabajo o bien (mucho peor) mientras estuvieran dentro de un metro o tren de Cercanías (hay quien diría que, dado el estado del servicio de Cercanías en Valencia, incluso si estuvieran en uno de esos trenes al producirse el apagón tampoco habrían notado tanto la diferencia, pero esa es otra cuestión).

Cada uno tuvimos nuestra propia experiencia de cómo transcurrió el día. En general, sin mucho dramatismo por parte de la gente, aunque también es verdad que el apagón, aunque fue prolongado, no llegó a afectar a los servicios básicos durante el tiempo suficiente como para meternos en una situación distópica (disturbios, pérdida del agua corriente además de la luz, agotamiento de generadores en hospitales y demás servicios esenciales, hundimiento definitivo de las comunicaciones, etc.). El apagón se acabó, en casi toda España, antes de llegar la noche, y eso mitigó mucho sus efectos. De manera que, una vez restablecido el servicio de electricidad, ya pudimos entrar en el análisis de qué pudo causar el apagón, quién fue responsable y cómo respondieron los servicios públicos a este reto. 

Personalmente, no tengo ni idea de por qué sucedió lo que sucedió, ni de si es factible que vuelva a suceder o no, ni tampoco de a quién le corresponde la responsabilidad de lo sucedido. Lo que sí puedo decir es que el Gobierno español y la empresa encargada de garantizar el servicio, Red Eléctrica Española, aplicaron punto por punto el manual de la política española para este tipo de situaciones, que también pudimos ver en acción con las inundaciones del 29-O en Valencia.

El manual: el Gobierno español desapareció del mapa durante casi seis horas, nada menos. Increíblemente, ante un apagón que lógicamente podía generar mucha incertidumbre entre la población (más allá de sus efectos prácticos sobre la vida de las personas), nadie del Gobierno, ningún portavoz, se molestó en comparecer ante los medios de comunicación o en las redes sociales para tranquilizar a la población. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no lo hizo hasta las seis de la tarde, cuando ya comenzaba a restablecerse el servicio en algunas zonas de España.

El argumento del Gobierno es que Sánchez no quiso salir prematuramente sin nada que decir o que ofrecer a la ciudadanía. Pero este argumento es falaz, por diversos motivos. El principal, que cuando apareció tampoco estuvo en condiciones de asegurar o concretar nada: seguía (y sigue) sin saberse qué había provocado el apagón, y Sánchez tampoco pudo especificar cuándo se iba a restablecer el servicio: "pronto". Y efectivamente fue pronto, pero no parece que lo tuviera muy claro el presidente cuando compareció (horas más tarde que su homólogo portugués). 

No habría pasado nada por aparecer horas antes (él o algún portavoz con suficiente presencia pública) para tranquilizar a la población, aunque sólo fuera para describir los hechos y la situación en aquellos momentos y para hacer unas recomendaciones básicas. Y aunque la mayoría de la gente no hubiera podido seguir dicha comparecencia en un primer momento, seguramente el mensaje se habría expandido con rapidez, utilizando a aquellos privilegiados que dispusieran de una radio o una conexión a Internet operativa como nodos de comunicación. De hecho, es así como se difundió el mensaje de Sánchez de las seis entre la mayoría de la gente.

Capítulo aparte merece la actuación estelar de la empresa encargada de prestar el servicio: Red Eléctrica Española, una falsa empresa privada, pues gestiona y organiza un bien público de excepcional importancia, construido por el Estado durante décadas, cuenta con un 20% de capital público entre su accionariado, y con una presidenta del Consejo de Administración, Beatriz Corredor, que está ahí por su pertenencia al PSOE. De hecho, fue ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero y presidenta de la Fundación Pablo Iglesias. En cambio, su experiencia en políticas energéticas previa a ser aupada en 2020 a la presidencia de Red Eléctrica Española se resume pronto: ninguna. 

Beatriz Corredor es licenciada en Derecho y registradora de la propiedad, sin vinculación alguna con el sector en su trayectoria. Pero ahí está, y demostró por qué y para qué está con sus declaraciones: ellos lo hicieron todo bien, ella no piensa dimitir (y menos con los más de 500000€ anuales que cobra). Y, para rizar el rizo, Corredor aseguró, antes y después del apagón, que España cuenta con "el mejor sistema eléctrico del mundo".

Este tipo de afirmaciones, tan del gusto de los políticos españoles, difícilmente resisten la comparación con la realidad. Pero una cosa es hacer brindis al sol cuando no hemos testado si la afirmación es correcta, y otra muy distinta es seguir en la misma línea una vez hemos experimentado en nuestras carnes que no sólo no tenemos el "mejor sistema eléctrico del mundo" (porque, de ser así, hay que echarse a temblar pensando en lo que tienen en el resto del mundo, pobre gente, deben sufrir apagones todas las semanas), sino que muchas de sus deficiencias  provienen de cómo está estructurado y de quién lo gestiona, cobrando más de medio millón de euros al año a cambio de no se sabe muy bien qué (o peor aún: sí que se sabe). Lo que está claro es que, si España tiene el mejor sistema eléctrico del mundo, Portugal tiene el segundo mejor, dependiente del nuestro. Y ya se ve lo encantados que están los portugueses de este nuevo éxito de gestión público-privada español. Apagón, vale... ¡pero sólo unas horas de nada!