VALÈNCIA. En el marco de la comisión de investigación de la Dana en el Senado, la pasada semana tuvo lugar la declaración el subdirector General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras del Ministerio para la Transición Ecológica, Francisco José Hijós Bitrián. Una comparecencia que ha motivado un nuevo escrito en la instrucción judicial de la catástrofe, presentado por la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa.

El alto cargo del ministerio, del que depende la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), respondió a preguntas de los senadores y en su declaración, entre otras cosas, explicó los motivos y excusó los retrasos en las obras hidráulicas pendientes y defendió el papel de la Presa de Forata en la laminación de la avenida el pasado 29 de octurbe en el río Magro. Sin embargo, llegó a admitir algunas deficiencias como que, si se hubiera activado el nivel 3 de emergencia bajo la mencionada presa, no habría habido sirenas para alertar a los últimos ciudadanos de los municipios cercanos, como está obligado.

La exconsellera ha presentado un escrito a la jueza de la Dana para solicitar una nueva diligencia para señalar precisamente a la CHJ "a la vista de las declaraciones e informaciones que se vienen produciendo sobre el papel desempeñado por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la gestión de la Dana". Y "en esepcial" tras la comparecencia del subdirector general del Ministerio de Transición Ecológica.

Pradas busca que la magistrada cite a declarar al secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, "con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hecho y causas de los mismos" puesto que tras oir la comparecencia del alto cargo ministerial, Mérida respondió rápidamente en nombre del Consell para considerar que con ello la CHJ iba "poco a poco" asumiendo "su responsabilidad" por falta de información durante la Dana.

"El plan de emergencia de presas del Ministerio establece que deben existir sistemas de notificación y alerta. Sin embargo, ahora se admite que no existían sistemas que pudieran servir como alarma, lo cual es gravísimo", lamentó al respecto. A juicio de la defensa de Pradas, es "del máximo interés" la comparecencia "para contrastar" las declaraciones vertidas por el alto cargo del Gobierno central y, con ello, apuntalar su argumento sobre el papel deficiente que jugó el organismo de cuenca durante aquella jornada.

Por otra parte, la defensa de Pradas ha presentado otro escrito adhiriéndose al recurso de apelación de Vox, que solicita indagar si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó el Consejo de Seguridad Nacional, y si fue así, pido que se le requieran "cuantas comunicaciones se produjeran" entre el organismo y Presidencia del Gobierno. Especialmente "si hubo o no la redacción de cualesquiera informe o dictamen".

A su juicio, la complejidad de los hechos que se investigan hace especialmente necesario que se «abra el foco» y que se practiquen todas las diligencias posibles tendentes al esclarecimiento de los hechos en búsqueda de la verdad fáctica y jurídica".

Así, considera que "no cabe duda alguna que más allá del papel desempeñado" por Pradas, entre las causas de lo sucedido está "la participación, activa u omisiva de órganos con personas concretas que los servían", en referencia a la CHJ, la Aemet, la Delegación del Gobierno o el Ministerio, y que tras la investigación practicada se ha "confirmado la existencia de una concatenación de falta de los avisos necesarios, precisos y en tiempo por parte de la CHJ y Aemet". Por lo que ve "necesario" saber si "también se omitió la necesaria información por parte de Seguridad Nacional".