VALÈNCIA. La dirección de la investigación de la causa de la Dana vuelve a someterse a examen. La Audiencia de Valencia tiene previsto resolver estos días dos recursos trascendentes para el curso de la instrucción, relativos a la imputación tanto de la ex consellera de Interiro, Salomé Pradas, como del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. Ambos recurrieron en apelación el auto de la jueza que acordaba su citación en calidad de investigados, por lo que la decisión de la Audiencia, tanto si avala a la magistrada como si la desdice, resulta un hito importante en el proceso.

Ambos recursos, pendientes de deliberación -se esperaba para mediados de junio-, no impidieron que los dos responsables protagonizaran un tenso paseíllo a las puertas de la Ciudad de la Justicia y se sentaran ante la jueza en calidad de investigados, incluso habiéndose pronunciado poco antes la Fiscalía en oposición la imputación de Argüeso, extremo que provocó un notable malestar al notificarse a las partes tras su declaración. Ambas comparecencias convergieron en señalar a los técnicos y a organismos como a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por no haber ofrecido información adecuada.

Hasta ahora, la Audiencia ha mostrado total sintonía con las decisiones de la titular del juzgado de Instrucció 3 de Catarroja que han sido cuestionadas. Desde no ver indicios de delito en las obras hidráulicas sin ejecutar por la CHJ, o dejar fuera de la investigación los daños materiales, los daños psicológicos y los delitos de omisión de deber de socorro y prevaricación, hasta no imputar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. De manera que ahora tendrá que evaluar de nuevo la postura de la jueza.

En ese sentido, hace casi un mes, y al hilo de estas cuestiones para responder a otros recursos, la sección segunda ya convirgió con la magistrada en la función de "dirección y coordinación de protección civil" de la Generalitat y del "mando único de la emergencia" en el caso del conseller del ramo. Apuntes que podrían considerarse de algún modo una tímida antesala de las esperadas resoluciones sobre los recursos de ambos exresponsables políticos.

A la postre, el punto de discusión nuclear gira en torno a la responsabilidad de los dos máximos dirigentes políticos de la Conselleria de Interior en aquel momento, especialmente en cuanto al envío tardío de la alarma a la población, que según la jueza es el nexo causal con los fallecimientos y las lesiones producidas a causa de las inundaciones el pasado 29 de octubre. No hay que olvidar que la investigación se centra en los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes y la magistrada ha reiterado auto tras auto la responsabilidad exclusiva de la Generalitat Valenciana en este sentido.

De hecho, en el auto de imputación fue contundente al señalar que correspondía a las autoridades autonómicas "alertar a la población, acordar las medidas pertinentes en el ámbito de protección civil, garantizar y minimizar las consecuencias de los efectos de unas precipitaciones que desbordaron ríos y barrancos, pusieron al límite las presas, y que produjeron una sucesión trágica de fallecimientos". Según la magistrada, el suceso meteorológico no fue "imprevisto" habida cuenta de los avisos de la Aemet y también de lo que se veía por los medios de comunicación, y defiende que "la convocatoria del Cecopi se llevó a cabo con una gran demora".

Ambos investigados cuestionan haber ejercido el papel que les atribuye la magistrada, según la cual tanto Pradas como Argüeso eran "garantes de que no se produjeran los fallecimientos referidos", por lo que las medidas para autoprotección y comunicación a los afectados que se encontraban en una situación de "altísimo riesgo" se "debieron adoptar por el mando único" sin necesidad de movilizar recurso, restringir derechos, obtener ninguna autorización o contar con el asentimiento de las 29 personas que integraban en el Cecopi.

Las responsabilidades

Por un lado, Pradas diluye la responsabilidad en la toma de decisiones entre "innumerables organismos de las distintas administraciones" que "intervinieron por acción u omisión" aquel día en medio de "una selva normativa en la que aparecen incontables referencias a la necesidad de coordinación". La exconsellera insiste en que el Cecopi es un "órgano complejo constituido por representantes de diversos organismos a fin de contribuir a la toma de las decisiones" y niega de plano que existiera un "mando único", pese a que la ley se lo atribuya a ella en toda su literalidad.

Su escrito insiste en que, ante la catástrofe, han de responder las administraciones de forma solidaria en la vía contenciosa pero considera que "el orden penal no es el idóneo" porque es "difícil, muy improbable" seleccionarle como "cabeza de turco" de lo sucedido. Así, sostiene que en el Cecopi había un "comité dual" formado por ella y la delegada del Gobierno, algo que ha rechazado la jueza en diversas ocasiones al negarse a imputar a la representante gubernamental. Con todo, la defensa apunta que más allá de las funciones de protección civil hay otras "materias" en las que "el Estado tiene igualmente competencias" y que hay otros organismos que "participaron de modo relevante en los hechos", en referencia a la CHJ, la Aemet o la delegada del Gobierno, presentes en el Cecopi.

La jueza admitía en su auto que el Cecopi es un "órgano de coordinación" pero que ello es "completamente independiente de las decisiones que se puedan tomar en el ámbito de la protección civil por quien ostenta no solo la competencia exclusiva sino la posibilidad" de avisar a la población. Y cuestionaba la falta de información que aducen los investigados, citando los avisos de la Aemet los días previos, las llamadas del 112 que se recibieron aquel día -casi 20.000 en total-, la información que ofrecía la prensa y los medios de comunicación, así como los datos de caudales de la CHJ disponibles en tiempo real. Así, restó relevancia a que el organismo de la cuenca, presidido por Miguel Polo, advirtiera de la subida del caudal por correo electrónico una hora después de detectarlo -más tarde se ha conocido que se saltó sus protocolos-.

Uno de los principales argumentos esgrimidos por las defensas es que al Cecopi no llegó ninguna información sobre el barranco del Poyo, aspecto que ha corroborado la delegada del Gobierno. En su recurso, Argüeso -responsable jerárquico del 112- defiende que este servicio "no llegó a enviar mensaje alguno al Cecopi en toda la tarde/noche", tal como han constatado también varios técnicos, que ya han acudido a declarar en calidad de testigos. Pero en su caso, además, sostiene que la jueza no ha dejado claro qué participación tuvo el 'número dos' de Emergencias y defiende que él "no tenía competencia orgánica" para decidir sobre el mensaje, para a continuación recordar que "ser secretario autonómico [...] no es un delito".