VALÈNCIA. La aplicación del teletrabajo para los funcionarios de la Generalitat Valenciana está revelando alguna disfunción, al menos a juzgar por las consideraciones realizadas por el Defensor del Pueblo. El órgano ha instado al Consell a modificar una de las disposiciones del decreto de teletrabajo aprobado en 2021 porque está impidiendo que todos los empleados públicos puedan accdeder a esta modalidad de trabajo en condiciones de igualdad.

Concretamente, el decreto en cuestión regula la tramitación y aprobación de los programas de teletrabajo por parte de cada Conselleria, y establece que los funcionarios sólo pueden apuntarse a la modalidad de teletrabajo en un plazo de entre 10 y 15 días desde la aprobación del programa y su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Una norma que, en la práctica, impide a un empleado público solicitar el teletrabajo más allá de este período, por ejemplo si entra en el departamento una vez el programa ya esté aprobado y en marcha.

Esta circunstancia llevó a un funcionario afectado a alertar sobre este problema y a solicitar en varias ocasiones la modificación del decreto, hasta ahora sin éxito. Por ello, y al ver que no se estaba dando ningún paso para atender este cambio puntual, acudió a denunciar lo que consideraba un trato discriminatorio a otras instancias, entre ellas el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Este pasado mes de mayo, el organismo finalizó sus actuaciones tras instar a la Generalitat Valenciana a solucionar este problema, como refleja la resolución a la que ha tenido acceso este diario.

En su queja, el trabajador público denunciaba que el decreto "hace imposible que cualquier persona empleada pública que obtenga un puesto de trabajo incluido en el programa con posterioridad [....] pueda optar al teletrabajo", por mucho que se cumplan los requisitos exigidos en la normativa. En ese sentido, señalaba que la desestimación de su solicitud para teletrabajar supone "un agravio comparativo con respecto al resto de compañeros" que tenían "la misma condición jurídica" y que, sin embargo, "disfrutan de este derecho con plenitud". "La única diferencia entre dichos compaeñros y yo es la circunstancia temporal del momento de obtención del puesto de trabajo", lamentaba en su escrito, donde también hablaba de "discriminación" al atentar este criterio "contra el derecho de igualdad" que emana de la Constitución.

La Conselleria de Administración Pública asegura que está en "un proceso de evaluación y revisión" tanto del funcionamiento del teletrabajo como de su regulación y recuerda, en respuesta al requerimiento del Defensor, que se acordó con los sindicatos llevar a cabo el "análisis" durante esta legislatura. "En el ámbito de cada mesa sectorial se negociarán las medidas y el procedimiento para la aplicación de esta modalidad", figura en el acuerdo de la Mesa General de Negociación, donde apunta, sin embargo, que "hasta entonces, se mantendrá el teletrabajo en los términos de la normativa actual".

En ese sentido, expone el Defensor del Pueblo, realmente "no está prevista una modificación puntual de la norma" sino un análisis general para "planificar la revisión del decreto en su conjunto [...] o bien aprobando un nuevo decreto [...] a la vista de las posibles disfunciones que puedan ponerse de manifiesto". Con todo, en su resolución del pasado mes de febrero, deja claro que "no está conforme con las explicaciones recibidas" por parte de la Conselleria y es cuando emite la recomendación.

Así, insta al Consell a que "se proceda a la modificación" del mencionado artículo para garantizar al personal empleado público "su derecho al teletrabajo en los supuestos y con los requisitos determinados reglamentariamente, conforme al contenido competencial del puesto de trabajo y siempre que las necesidades del servicio lo permitan". Una resolución que no ha encontrado oposición por parte de la Generalitat, al parecer.

En una respuesta posterior, según el Defensor del Pueblo, la administración autonómica ha aceptado la recomendación formulada y señala que "no existe inconveniente" en aceptarla y que los cambios a implementar se materializacen "a lo largo de la XI Legislatura de Les Corts", es decir en esta misma legislatura.