VALÈNCIA. La Conselleria de Servicios Sociales sacaba a información pública el pasado viernes el borrador de la orden que regulará las plantillas y ratios de personal, las titulaciones profesionales, la estructura organizativa y los sistemas de participación en los centros y programas de servicios sociales de la Comunitat Valenciana. Se trata de una de las piezas clave del desarrollo normativo previsto por el nuevo decreto de tipologías y que sustituirá al decreto aprobado en 2023 por el anterior gobierno del Botànic. También salía a información pública la orden de documentación básica de los centros y programas de servicios, otra de las cuestiones que el decreto aplazaba a un desarollo posterior.
El contenido confirmaba la línea continuista con el Plan Simplifica, impulsado por el actual ejecutivo valenciano, para consolidar -si finalmente se aprueba la versión públicada- una de sus medidas más debatidas: la reducción de ratios de personal auxiliar en residencias. Concretamente, se mantiene la ratio de 32 auxiliares de enfermería por cada 100 residentes, una cifra inferior a la prevista inicialmente por el decreto del Botànic, que establecía 44 auxiliares. Desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) valoran positivamente el cambio de orientación adoptado por la conselleria de Susana Camarero, "que introduce ajustes realistas y progresivos en los requisitos de personal, más acordes con la situación actual del sector".
Valoran la reducción de las exigencias de ratios
Estos cambios suponen una reducción sobre los requisitos establecidos el Decreto 27/2023 de Tipologías, aprobado por el Govern del Botànic, y fuertemente contestados por las entidades del sector al establecer ratios de personal que hacían inviable en muchos casos su puesta en marcha por la repercusión en la tarifa del centro. "Se ha producido una reducción de exigencias establecidas por el Govern anterior, que estableció criterios muy elevados que no venían acompañados por un aumento de las ayudas a las familias ni un incremento de las plazas concertadas, lo que hacía insostenible el modelo y obligaba a subir las tarifas de una manera muy importante. Con estos ajustes, se puede mejorar sustancialmente el servicio con un incremento de los costes mucho más asumibles para todos", señala el presidente de Aerte, José María Toro.
No obstante, el presidente de la patronal también destaca la "mejora significativa" de los ratios de personal respecto a la normativa vigente desde 2005 lo que, según apunta, supone un avance necesario para reforzar la calidad asistencial. En este sentido, destaca el caso de residencias para personas mayores, para las que se prevé un incremento del ratio de gerocultoras en un 45,5%.
- José María Toro, presidente de Aerte -
- Foto: EDUARDO MANZANA
A pesar de estos avances, también reconoce que persisten ciertos aspectos que requieren una revisión urgente. En particular, apunta a que los ratios establecidos para los centros de día de personas mayores y las residencias para personas con problemas de salud mental siguen siendo elevados, lo que podría dificultar su viabilidad e incrementar sustancialmente las tarifas que pagan las personas usuarias. "Estos centros atienden perfiles muy específicos que requieren una mayor atención y personalización, por lo que necesitan un enfoque regulatorio diferenciado", señala.
Piden una revisión de los espacios necesarios
Asimismo, Toro advierte de la necesidad de revisar los requisitos de instalaciones, ya que los borradores mantienen una estructura que parece duplicar espacios entre zonas comunes generales y otras áreas más específicas. "Si el modelo de atención prioriza la permanencia de las personas usuarias en unidades de convivencia, no tiene sentido exigir una superficie común sobredimensionada, lo que hace mucho más difícil encontrar ubicaciones adecuadas a estos requisitos y reduce la posibilidad de seguir generando las plazas necesarias para atender la demanda en la Comunitat Valenciana", apunta.
"Creemos que es un paso en la dirección correcta y responde en parte a las demandas que hemos trasladado a la vicepresidenta Susana Camarero. Sin embargo, es imprescindible acometer una reforma más profunda del fondo del decreto y mejorar la financiación pública de las plazas, para que los cambios sean verdaderamente eficaces y sostenibles para las familias, las entidades y la propia Administración", destaca Toro. En este sentido, Aerte espera que las observaciones del sector sean escuchadas en esta fase de información pública y que el texto definitivo recoja de forma más precisa las particularidades de cada tipología de centro, para garantizar una atención de calidad "sin generar barreras innecesarias a la apertura o mantenimiento de los servicios".
